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Trabajadores agrícolas denuncian que se enfermaron por supuesta exposición a pesticidas

‘Como eres trabajador, no les interesa’.

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Todos recuerdan la avioneta amarilla que volaba rápidamente y bajo sobre el campo de lúpulo. Los trabajadores agrícolas, más de dos docenas de ellos, habían estado trabajando en el campo Obendorf Hop en Parma desde las 6 a.m., como lo habían hecho durante las últimas dos semanas. Unos pocos estaban cerca del borde del campo, preparando “donas” de mecate fuera de un remolque para que los demás las usaran mientras trabajaban.

Nadie, ni siquiera sus supervisores o el contratista laboral para el cual trabajaban, sabía que el sembrado de cebolla al otro lado de la carretera estaba programado para rociar. Y nadie les advirtió que se marcharan antes de que fuera demasiado tarde.

“Cuando (la avioneta) se levantaba, lo que dejaba caer ... eso olíamos”, dijo Ascensión Antúnez, de 77 años. “Se nos subiónos por las narices”.

Varios de los trabajadores agrícolas involucrados en el incidente del Día de los Caídos en Guerra que envió a más de una docena de trabajadores a las salas de emergencia de Treasure Valley por sospecha de exposición a pesticidas hablan por primera vez.

Cinco de los campesinos que se encontraban en el campo ese día le dijeron al Statesman que creen que los funcionarios estatales han fallado en su responsabilidad de proteger a los trabajadores. Pero su queja puede referirse a la ley federal que permite a los fumigadores rociar pesticidas a 100 pies de distancia de las personas. La ley no siempre exige que las empresas adviertan a las granjas cercanas.

Los funcionarios estatales de agricultura no pudieron establecer de manera concluyente el origen de la enfermedad de los trabajadores, pero enviaron una carta reglamentaria a un piloto de fumigaciones, quien según los trabajadores, los roció accidentalmente con un fungicida. El piloto jamás había recibido una citación de parte de Idaho, pero la carta era apenas la queja más reciente contra la compañía de fumigación en un historial de 20 años con tres propietarios distintos, según los documentos revisados por el Statesman.

No ha sido posible que nadie compruebe que los productos químicos enfermaron a los trabajadores debido a la falta de pruebas de laboratorio. Una asociación nacional de fumigaciones argumenta que los problemas surgen de la histeria y la mala interpretación de la aplicación de pesticidas.

Uno de los trabajadores mostró al Statesman las facturas médicas que relaciona con haber sido rociado con productos químicos. Al menos dos de ellos dijeron que hasta septiembre todavía seguían enfermos.

George Parker, representante de Idaho en la junta directiva de la Asociación Nacional de Aviación Agrícola, revisó partes del archivo de la investigación del Departamento de Agricultura del Estado de Idaho a solicitud del Statesman. Dijo que los datos meteorológicos y los datos del GPS de la avioneta muestran que el piloto no solo apagó su rociador a corta distancia de la longitud del campo que se suponía que estaba rociando, sino también que los trabajadores se encontraban contra el viento en el momento de la aplicación.

“Estaba muy consciente de la seguridad—apagó (el rocío) incluso antes del borde del terreno”, dijo Parker al Statesman. “¿Se dejaron arrastrar a la deriva? No, no iban a la deriva. Estaban en contra del viento en el sitio de la aplicación, y es físicamente imposible que se dejaran llevar.”

La portavoz del Departamento de Agricultura del Estado de Idaho, Chanel Tewalt, dijo que esta fue una de las razones por las cuales la carta regulatoria original al piloto fue “específicamente diseñada” y la agencia se ha expresado “juiciosamente” sobre este caso.

“Nunca hemos dicho que la agencia haya considerado o descartado la exposición”, dijo Tewalt. “Lo que podemos hacer como agencia es examinar la evidencia”.

Funcionarios de salud del Distrito Sudoeste señalaron a los investigadores estatales el 26 de junio que 12 de los 13 trabajadores agrícolas mostraron síntomas que podrían haber sido causados por la exposición al sulfato de cobre o a una “exposición muy leve” a un organofosfato.

Por lo general, las personas expuestas a un fungicida a base de cobre como Badge SC, que no es un organofosfato, experimentan irritación de la piel y los ojos, según una evaluación de salud del 10 de julio para la investigación realizada por el Departamento de Salud y Bienestar de Idaho. También podría causar tos y dolor de garganta o en los pulmones.

“La ingestión directa de compuestos de cobre puede causar náuseas o vómitos más severos, pero por lo general esto no se esperaría con dosis asociadas con la ingestión incidental de la emanación del aerosol de pesticidas”, escribió Morgan Willming, toxicólogo y asesor de salud en una carta dirigida a los investigadores estatales de agricultura.

Pero una trabajadora, María Catalán, de Marsing, dijo que ella y otras personas a su alrededor estuvieron mareadas y vomitando después de abandonar el campo. Su esposo, Santos Armenta, dijo que todavía tenía dolor de cabeza y tosía sangre meses después del incidente.

José Ramírez, también residente de Marsing, dijo que él y otros trabajadores se encontraban parados al lado de un remolque más cerca del sembradío rociado, — y fueron entre los más gravemente afectados. Ramírez pudo conducir a su casa en la Autoridad de Vivienda de Marsing, pero dijo que se sentía cansado y tenía visión borrosa. Se quedó dormido hasta que su supervisor lo llamó para que se reportara a la sala de emergencias. Aunque dijo que no lo hospitalizaron como a otros trabajadores, dijo que perdió una semana de trabajo. Le mostró al Statesman docenas de facturas que había recibido por la visita a la sala de emergencias y por medicamentos.

Ramírez comentó que estaba contento de que el pesticida lo afectara a él y no a su esposa e hijos, de 16 y 19 años, que estaban lejos, al otro lado del campo.

“No quiero que pase a otras familias”, dijo Ramírez. “Si pueden ver una solución para que no vuelva a pasar, yo quiero que se apliquen. Y se apliquen, para que no vuelva a suceder. Si no respondes (con firmeza), siempre va a seguir, siempre, siempre”.

Antúnez, el trabajador de 77 años, dijo que no pudo caminar ni levantarse de la cama durante aproximadamente un mes después del incidente, y su familia viajó de otro estado para cuidarlo. El Statesman entrevistó a Antúnez el 15 de septiembre. El personal de la Autoridad de Vivienda de Marsing le dijo al Statesman que Antúnez regresó al hospital esa misma semana, pero no pudo decir la causa. Debido a la privacidad del paciente, el Statesman no pude verificar el estado médico actual de Antúnez en el momento de la publicación.

Un sistema con supervisión limitada, poca responsabilidad

Los defensores y los miembros de la comunidad también han expresado su inquietud de que un sistema desorganizado, con penas leves por los delitos permitió que los trabajadores agrícolas estuvieran expuestos en primer lugar, y que nadie parece asumir la responsabilidad por ello.

El sembradío de lúpulo estaba fuera de la zona donde las normas de la EPA Worker Protection Standard permiten a los aplicadores de pesticidas rociar. Desde 2015, las reglas han prohibido rociar a menos de 100 pies de distancia de cualquier persona. Los trabajadores agrícolas, supuestamente los más afectados, según las notas del caso del investigador estatal, estaban trabajando cerca de un remolque al lado de la carretera que separa los campos de cebolla y lúpulo mientras el resto de los trabajadores estaban más lejos.

“El campo de cebolla vecino al sembrado de lúpulo se encuentra directamente al este, del otro lado de una carretera”, señalan los investigadores estatales en el informe original. “El ISDA midió 82 pies de distancia desde el borde este de la carretera hasta el borde este del campo de lúpulo”.

Antes de despegar en una avioneta para rociar el fungicida Badge SC sobre el campo, el piloto de Valley Air, José Pérez, solo estaba obligado a coordinar con los agricultores que lo habían contratado, Brock y Phillip Obendorf de Obendorf Farms. Aunque el estado le envió una carta reglamentaria sobre la aplicación “negligente” de pesticidas, porque podría haber decidido no rociar mientras los trabajadores estaban en el área, Pérez parecía acogerse a las regulaciones federales y estatales. Si el viento y las condiciones climáticas son favorables, no hay una ley que prohíba a los fumigadores como Pérez rociar Badge SC cerca de los trabajadores sin notificación previa.

Los agricultores generalmente solo son responsables de notificar a sus propios trabajadores que se rociará un pesticida en el campo donde están trabajando, dijeron funcionarios estatales. Algunos pesticidas también requieren notificaciones en los periódicos o en publicaciones en el terreno que comuniquen a los trabajadores dónde se van a aplicar los pesticidas o si aún no es seguro ingresar al campo, pero Badge SC, el fungicida esparcido por el rociador, no tiene ese requisito. Según las notas del investigador estatal, el copropietario de Obendorf Farms, Phillip Obendorf, no tenía la intención de tener trabajadores en los campos de cebolla en ese momento y tampoco sabía que los trabajadores estarían en el sembradío de lúpulo vecino.

El administrador de la granja de Obendorf Hops, Orlando Razo, dijo a los investigadores que los trabajadores que dijeron que los habían rociado habían estado trabajando en el mismo terreno durante las dos semanas anteriores.

“Le pregunté (a Phillip Obendorf) por qué no notificó a su administrador de la granja sobre la aplicación (del pesticida) y dijo que no lo hizo porque sabía que no habría trabajadores en esos campos”, escribió el investigador estatal Luis Urias en sus notas sobre el caso. “También le pregunté sobre los trabajadores agrícolas en el sembradío de lúpulo y dijo que el terreno no le pertenece a él; le pertenece a su padre (Greg Obendorf); por lo tanto, no estaba obligado a notificarles sobre la aplicación de pesticidas “.

Eso es cierto, de acuerdo con las declaraciones proporcionadas a los investigadores agrícolas estatales por Phillip, Brock y Greg Obendorf, así como los documentos comerciales del Secretario de Estado. Obendorf Farms, el sembradío de cebolla destinado al rocío por parte del fumigador, es propiedad de Phillip y Brock Obendorf. El campo Obendorf Hop al otro lado de la carretera es propiedad de su padre, Greg Obendorf.

Pero los documentos en los archivos del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos indican que las empresas no siempre funcionan de manera tan independiente.

Además de contratar a trabajadores agrícolas a través de empresarios laborales como Corral Ag Labor, tanto Obendorf Farms como Obendorf Hops emplean a ciudadanos mexicanos con visas agrícolas H-2A temporales. Obendorf Farms comenzó la construcción de un complejo de viviendas para unos cientos de trabajadores H-2A en 2018, según un informe de Idaho Press.

Las regulaciones federales requieren que los empleadores presenten solicitudes detalladas cada vez que solicitan permiso para traer trabajadores con esta visa especial. Obendorf Hop registra una casa en 24034 Batt Corner Road, Parma, como la dirección de la empresa en las solicitudes H-2A, la misma dirección que figura en los documentos comerciales de la Secretaría de Estado para Brock y Phillip Obendorf Farms.

Una revisión hecha por el Statesman de las solicitudes de visa H-2A para aquellas de Obendorf Farms y Obendorf Hop también reveló que Brock Obendorf, copropietario de Obendorf Farms, firmó como “propietario / gerente” de Obendorf Hops en cada solicitud para trabajadores H-2A presentada para la temporada 2019.

El Statesman se dirigió a Obendorf Farms y Obendorf Hop varias veces antes de la publicación. En una declaración escrita enviada al Statesman a las 2:30 p.m. el viernes antes de la publicación, la abogada de Obendorf Hop, Julie Fischer, reiteró que las empresas son entidades separadas con propiedad y administración distintas, aunque los nombres “pueden crear confusión”.

“Aunque Brock Obendorf es el vicepresidente de OBH (Obendorf Hop), esa granja es manejada independientemente de BPO (Brock y Phillip Obendorf Farms), cuyo negocio es administrado por Phillip Obendorf”, escribió Fischer. “El fumigador no fue contratado por OBH y el producto no se aplicó a un terreno de OBH. Es muy preocupante para OBH que las personas que trabajan en su campo hayan reportado enfermedades; sin embargo, OBH no incumplió las normas o regulaciones de seguridad aplicables ni ha sido citado por ninguna agencia reguladora por incumplimiento”.

Cuando se le preguntó si el Departamento de Agricultura del Estado de Idaho pensaba si concordaba con el espíritu de la ley, concluir que Obendorf Farms no tenía la responsabilidad de notificar a los trabajadores al otro lado del camino sobre la llegada de un aerosol de pesticidas, Tewalt dijo que siempre existe el deber de aplicar los pesticidas de acuerdo con los requisitos de la etiqueta y de “manera segura y cuidadosa”, independientemente de la propiedad.

Si bien la investigación inicial no citó a Obendorf Farms, los investigadores descubrieron que Obendorf Hops violó parte del Estándar de Protección al Trabajador. Durante las entrevistas con los trabajadores agrícolas sobre el incidente de los pesticidas, los investigadores estatales descubrieron que Obendorf Hops no había proporcionado elementos de descontaminación como jabón, agua o toallas de mano.

Estos deberían haber estado disponibles porque Obendorf Hops había aplicado insecticida Sulfur 80 WDG, fungicida Flint Extra y fungicida Quintec en el terreno 24 horas antes, dijeron los investigadores. Obendorf Hops no fue citado ni multado por esta violación del Estándar de Protección del Trabajador.

En la declaración proporcionada el viernes, Fischer dio a entender que el contratista laboral Corral Ag Labor era responsable de proporcionar los elementos de descontaminación. También dijo que el incidente del 26 de mayo provocó una mejor comunicación entre los equipos de gestión de sus empresas, aunque “ni BPO ni OBH violaron ningún protocolo de seguridad”.

Los agricultores tienen un historial de al menos cuatro violaciones de seguridad laboral. Los registros de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional de Estados Unidos muestran que Brock y Phillip Obendorf Farms fueron multados con $ 15,500 por tres violaciones graves de protección de los trabajadores, derivadas de un incidente en octubre de 2018 que involucra la seguridad laboral en torno a equipos agrícolas, y una multa de $ 800 por una caída de trabajadores en febrero de 2011.

“OBH respeta y valora a las personas que realizan labores en su granja y aprecia la contribución de todos los trabajadores”, escribió Fischer. “OBH lamenta cualquier evento en el que las personas se lesionen o se enfermen, y tanto OBH como BPO se dedican a garantizar condiciones de trabajo seguras para todas las personas, sean empleados o no”.

Roberto Corral, propietario de Corral Ag Labor, el contratista laboral que empleó directamente a los trabajadores agrícolas, le dijo al Statesman que su equipo no tenía idea de que se había programado a un fumigador para rociar en las cercanías. No sabía por qué su antiguo empleado, José Ramírez, recibía facturas médicas por el incidente, aunque tampoco pudo decir si se habían presentado reclamos de indemnización laboral a favor de Ramírez o de los demás que fueron hospitalizados.

Los registros del Departamento de Trabajo de Idaho muestran que Corral Ag Labor ha incurrido en varias posibles violaciones en los últimos cinco años, principalmente por no proporcionar instalaciones sanitarias suficientes o limpias para sus trabajadores. Cuatro empleados diferentes también presentaron reclamos sobre salarios no remunerados contra el contratista durante el mismo período de tiempo.

Corral señaló que, como contratista de mano de obra agrícola, puede ser difícil “hacerles seguimiento” a todos los trabajadores que emplea, incluso aquellos involucrados en un caso de exposición a pesticidas.

“Todavía están trabajando”, dijo Corral al Statesman cuando se le preguntó sobre las reclamaciones de indemnización laboral. “No sé si se radicaron todas... la mayoría de ellos todavía están trabajando. Veo a la mayoría de ellos que estaban con ese equipo.

¿Los trabajadores fueron envenenados? Nadie lo sabe

Los investigadores estatales no pudieron encontrar un laboratorio que analizara el Badge SC a base de cobre de manera concluyente, el pesticida rociado por el fumigador.

Una tormenta de lluvia cruzó por la zona antes de que los investigadores pudieran tomar muestras del suelo, y probablemente lavó las manchas del distintivo color azul pálido del pesticida, lo que el personal de Caldwell Fire describió que había manchado uno de los vehículos de los trabajadores.

La mayoría de los pacientes hospitalizados en Caldwell exhibieron náuseas, mareos y dolores de cabeza que podrían haber sido causados por Badge SC, según una revisión de Southwest District Health, pero los pacientes más graves reaccionaron como se reaccionaría a un organofosfato, un tipo de insecticida altamente tóxico. Solo la mitad de aproximadamente 25 a 30 trabajadores en el terreno en ese momento se reportaron al hospital según se les solicitó, por razones que el investigador no pudo determinar.

“El Departamento de Agricultura no está haciendo lo suficiente para reglamentar (los problemas de seguridad de los trabajadores)“, dijo Samantha Guerrero, organizadora comunitaria de Visión 2C, una nueva sección del Consejo de Recursos de la Organización del Condado de Canyon, Idaho que se centrará en la seguridad de los trabajadores y otros temas. “Queremos poder evitar esto en el futuro. Este incidente podría haberse evitado y podría haber sido peor. Incluso la reacción al incidente fue solo un tirón de orejas. Nada ha cambiado. ¿Qué se está haciendo para reglamentar esto o evitar que vuelva a suceder?”

Tewalt dijo que la aplicación de pesticidas ya es una industria fuertemente reglamentada.

“Sabemos que en cualquier momento se puede cambiar la política, pero ese es el papel de los forjadores de políticas”, dijo Tewalt. “Dentro del ámbito de la formulación de políticas, siempre existe la oportunidad de evaluar las cosas y realizar cambios en ellas”.

Insignia de etiqueta de pesticida Badge SC

‘Nadie hizo nada’

Seis semanas después del incidente de mayo, Ramírez afirma que casi vuelve a suceder. Un avión voló bajo, cerca de donde trabajaban él y su familia, le dijo al Statesman. Aterrado, les gritó a todos que corrieran. Los trabajadores se apiñaron muy lejos y vieron como el avión rociaba. Ramírez tomó fotos del avión; luego con su familia abandonó el trabajo, no queriendo arriesgarse a que el incidente volviera a suceder. Ahora trabaja para un productor de cebolla en el oeste del condado de Canyon.

Cropduster plane
Jose Ramirez took this July 10 photo of a cropduster plane after he said it almost sprayed near where he and his crew were working. He originally posted this photo to Facebook describing the incident, then shared the original photo with the Statesman. Courtesy of Jose Ramirez

“Hace dos días, este avión volvió a cruzar los límites...”, escribió Ramírez en español el 12 de julio, cuando publicó en Facebook una de las fotos que tomó. “Nadie hizo nada. El hombre del estado dijo que está bien, no es nada... Si hago algo, quiero un buen abogado.”

Defensores como Guerrero de la Organización de Consejos de Recursos de Idaho, así como otros miembros de la comunidad, dijeron que era importante para el estado y la industria agrícola de Idaho tomar medidas para asegurarse de que algo así no vuelva a suceder.

“No decimos que deba haber más regulaciones o cambios en las leyes o estatutos”, dijo Cimberlie Christiansen, gerente de cumplimiento de pesticidas para el Comité de Patrocinio del Trabajo Agrícola de Marsing. “Pero cuando se hace algo negligente de manera inequívoca, hay que enfrentar y corregir algunas de las situaciones y ayudar a las personas que resultaron lesionadas”.

Empresa fumigadora tuvo quejas en dos estados

Aproximadamente 20 empresas diferentes de aplicadores aéreos operan en Idaho, según un cálculo de la Asociación de Aviación Agrícola de Idaho. No hay un número exacto porque el Departamento de Agricultura del Estado de Idaho solo rastrea y regula a individuos con licencia para la aplicación de pesticidas. Tampoco se requiere que las empresas de fumigadores sean miembros de asociaciones como la Asociación de Aviación Agrícola de Idaho o la Asociación de Aplicadores Aéreos del Noroeste del Pacífico.

Los investigadores agrícolas estatales dijeron que no podían probar que el piloto fumigador, José Pérez, fuera responsable de que los trabajadores agrícolas se enfermaran. En cambio, concluyeron que él violó el Código de Idaho al aplicar pesticidas de una “manera incorrecta, descuidada o negligente”.

Pérez no tenía ninguna violación previa en Idaho, algo que los investigadores pueden tener en cuenta al decidir la severidad del castigo. Debido a su historial transparente y a la incapacidad del estado de identificar de manera concluyente una exposición tóxica, a Pérez solo se le pidió que respondiera a una carta reglamentaria severa. La carta fue archivada en su historial permanente. No se le impusieron multas a él ni a su empleador, Valley Air LLC.

Aunque el piloto no tenía previas violaciones de las regulaciones de pesticidas de la EPA ni del Código de Idaho, los registros estatales revelan que Valley Air, con sede en Caldwell, tiene un historial de denuncias sobre exposición a pesticidas en Idaho y Oregon.

El Statesman se dirigió al personal y al propietario de Valley Air, Justin Kearns, varias veces al respecto, pero no recibió respuesta. Kearns y Pérez se habían negado previamente a proporcionar comentarios al Statesman con relación a un reportaje del 15 de agosto sobre el mismo incidente.

Parker, representante de Idaho en la junta directiva de la Asociación Nacional de Aviación Agrícola, dijo que el Departamento de Agricultura del Estado de Idaho se extralimitó.

“¿Por qué la ISDA envía cartas de reprimenda y crucifica a la gente cuando no hay evidencia de irregularidades?”, dijo Parker, propietario de Crop Jet Aviation en Gooding, al Statesman “Todo es una mentira injustificada que está desprestigiando a toda una industria en un estado... que se está urbanizando a un ritmo acelerado, mientras sinembargo tratamos de alimentar al mundo”.

Parker señaló que los representantes de la industria planearon reunirse con el Departamento de Agricultura para discutir su contrariedad sobre la forma como se manejó el caso.

La empresa de aplicadores aéreos Valley Air opera en Idaho, Oregon y Nevada, según el sitio web de la compañía. La empresa solo ha estado funcionando en Nevada desde enero de 2019 y no ha recibido ninguna queja de acuerdo con el Departamento de Agricultura de Nevada.

Los registros del Departamento de Agricultura del Estado de Oregón muestran tres quejas presentadas contra pilotos de Valley Air desde 2013, aunque solo una fue declarada violación. Un piloto de Valley Air recibió un aviso de violación en mayo de 2014 cuando un pesticida que estaba rociando en un campo de semillas de césped en el condado de Line, Oregón, cayó sobre un automóvil cerca de la Interestatal 5, según los registros de cumplimiento obtenidos por el Statesman. El piloto no fue multado ni su licencia fue revocada.

La historia de Valley Air en Idaho es mucho más variada. Ocho pilotos diferentes de Valley Air estuvieron involucrados en al menos 13 acusaciones distintas de exposición a pesticidas desde 2002, según los registros del Departamento de Agricultura del Estado de Idaho. Algunos casos se cerraron después de una investigación, otros resultaron en miles de dólares en multas y demandas. Según los registros estatales:

  • En 2016, un ex piloto de Valley Air roció un campo de maíz Star con bird shield, un pesticida destinado a ahuyentar las aves, y supuestamente cayó sobre una madre y un niño que se encontraban fuera de su casa.
  • En 2010, otro ex piloto de Valley Air roció accidentalmente un automóvil en Nampa.
  • En 2004, otro ex piloto de Valley Air recibió una multa de $ 500 después de rociar un pesticida que flotaba a la deriva, hospitalizando a una mujer de Burley y recibiendo quejas de varios residentes cercanos. Su licencia fue suspendida durante cuatro días, y fue puesto en libertad condicional durante un año.

Un ex piloto de Valley Air en particular estuvo involucrado la última vez que un grupo grande de trabajadores agrícolas de Idaho estuvo expuesto a un pesticida. Veintinueve trabajadores se enfermaron en un sembrado de cebolla en Caldwell en 2005.

Al piloto, Frank Amen, se le multó porque “no dio notificación previa a Arroway Farms Inc. antes de rociar los campos con pesticidas para que Arroway Farms Inc. pudiera notificar a los trabajadores de Marsing que se mantuvieran lejos de los terrenos tratados”, según a la Notificación de Infracción.

Los investigadores estatales y la Oficina del Fiscal General de Idaho multaron a casi todos los involucrados en ese incidente, incluidos Amen, los agricultores propietarios del terreno y el contratista laboral, Marsing Ag Labor. La compañía de fumigadores, que entonces se llamaba Valley Air Service y era dirigida por Gary Hubler, también recibió una multa de $ 12,000.

“Tiene que haber responsabilidad”

Luke Ankeny, el gerente laboral del Comité de Patrocinio del Trabajo Agrícola de Marsing, dijo que muchos recuerdan la exposición a pesticidas en 2005 que lesionó a tantos trabajadores. Aunque no estaba trabajando para el comité en ese momento, señaló que el evento estimuló a la compañía a tener mucho cuidado con los pesticidas y los protocolos de seguridad de los trabajadores.

Es por eso que él y el gerente de cumplimiento de pesticidas Christiansen seguían cuidadosamente la investigación de pesticidas de este año. El comité, que funciona como contratista laboral para un grupo de granjeros asociados, tiene su sede en una oficina de la Autoridad de Vivienda de Marsing, que también administra Ankeny.

Entonces, cuando José Ramírez entró a la oficina de la autoridad de vivienda, pidiendo consejo para obtener un préstamo para cubrir los medicamentos para las náuseas y para entender las facturas médicas que estaba recibiendo, Ankeny y Christiansen se alarmaron y se enojaron. Pronto se enteraron de que varios de los trabajadores involucrados en el incidente de los pesticidas vivían en la Autoridad de Vivienda de Marsing, incluidos Antúnez, Ramírez y su familia, y Catalán y Armenta.

“Alguien tiene que rendir cuentas”, dijo Ankeny al Statesman en una entrevista en agosto. “Me tiene sin cuidado lo que dice el informe. En pocas palabras, no vas a clavar a un trabajador agrícola que gana menos de 12 dólares por hora con facturas médicas por algo que no hizo”.

Ankeny y Christiansen dijeron que han estado haciendo todo lo posible para ayudar a los trabajadores agrícolas, lo que incluye verificar el estado médico de Antúnez y las recientes visitas al hospital. Ambos expresaron su preocupación de que los (casos de los) trabajadores, al menos los que conocían, parecían haberse perdido.

Ramirez pensaba que a los funcionarios estatales no les importa.

“Como eres trabajador, no les interesa”, dijo Ramirez.

Cuando Ankeny se enteró de que Armenta y Catalán habían perdido unas horas laborales significativas debido a sus enfermedades, él pagó silenciosamente parte de su arrendamiento.

“Significa ser humano”, dijo Ankeny. “De ser humano a ser humano, ¿qué tipo de tratamiento desearía yo si estuviera en esa situación?”

Dunnia Aplicano, la defensora estatal de trabajadores agrícolas del Departamento de Trabajo de Idaho, dijo que está disponible como recurso y enlace para los trabajadores agrícolas. Su labor consiste en garantizar que los trabajadores agrícolas tengan acceso a servicios y protecciones.

“El sistema de quejas está disponible para cualquier persona que quiera presentar un reclamo porque sienten que violan sus derechos en el trabajo, no se les ha pagado salarios, no se sienten seguros o sienten que su salud se ha visto comprometida en el trabajo,” dijo. “Definitivamente pueden presentar una queja con nosotros”.

Aplicano explicó que el sistema de quejas está disponible para cualquier trabajador agrícola, independientemente de su estado de inmigración. Las quejas también pueden hacerse de forma anónima, dijo Aplicano, o cuando el trabajador agrícola no está seguro de la agencia a la cual debe enviarla. Los trabajadores que necesitan ayuda también pueden llamar a Aplicano al 208-332-3570 ext. 3135.

“Nuestro sistema de quejas es como una puerta para acceder a cualquier otra agencia, porque hacemos seguimiento con las agencias y dirigimos la queja o al demandante a la agencia apropiada”, dijo Aplicano.

Ramírez dijo que lo único que quiere es que los funcionarios estatales “pongan su parte” y protejan a los trabajadores agrícolas como a su familia y a sus amigos.

“Si yo hago mi trabajo, yo quiero que ellos hagan sus trabajos también ... para defender a todos los que lo necesitan”, dijo Ramírez. “Lo digo porque soy una persona que quiere que todo sea justo... No estamos pidiendo nada más”.

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Investigative reporter Nicole Foy covers Latinos, agriculture and government accountability issues. She graduated from Biola University and previously worked for the Idaho Press and the Orange County Register. Her Hispanic affairs beat reporting won first place in the 2018 Associated Press regional awards. Ella habla español.
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